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NO ESPIARÁS A TU PRÓJIMO

10 de marzo de 2006

A pesar de la apelación del gobierno, la justicia ratificó la inconstitucionalidad de la Ley Espía según la cual las empresas de telecomunicaciones estaban obligadas a grabar por diez años toda la información que circulara por sus redes.

Por Luis Pablo Giniger

"Sistema inquisitivo". Así calificó la Cámara en lo Contencioso Administrativo a la Ley 25.873, más conocida como "Ley Espía", en el fallo en el que declara la inconstitucionalidad de la norma sancionada por el Congreso a fines del 2003.

Esta Ley obligaba a las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones a almacenar por diez años cualquier tipo de mensaje que circulara por territorio argentino ya sean comunicaciones telefónicas, correo electrónico, fax y también el registro de los sitios de internet que son frecuentados.

Es decir, según el Estado, la mejor forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos era escuchar, leer y grabar todo. Saber cuáles son las preferencias políticas, religiosas, sexuales y de consumo de los argentinos y poner esta información en manos de los organismos de seguridad. De ese modo podrían prevenir cualquier tipo de delito.

¿La idea no convence? Sin embargo, la medida estaba en línea con la Ley Patriótica, sancionada en Estados Unidos poco tiempo después del ataque a las Torres Gemelas en 2001 y que permite, tanto al FBI como a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), espiar a cualquier norteamericano sin necesidad de orden judicial.

En la Argentina pos dictadura, esta decisión implicaba un retroceso muy fuerte en materia de intimidad porque, aunque a muchos les sorprenda, en este país grabar cualquier tipo de comunicación privada sin orden judicial es ilegal. Esto es precisamente lo que opinaron los camaristas Inés Garzón de Conte Grand, Marta Herrera y Jorge Damarco que se mantuvieron firmes en la argumentación sobre la importancia de defender la privacidad de los ciudadanos, incluso frente a una supuesta amenaza superior.

La Ley 25.873 fue sancionada en diciembre del 2003 en una de esas maratónicas sesiones parlamentarias de fin de año en las que se tratan sin mayor discusión los proyectos que no fueron discutidos durante el año. Así es como logran filtrarse algunas leyes, de manera más o menos desapercibida.

La "Ley Espía" tomó estado público en abril de 2005 e inmediatamente se desató la polémica y con ella los debates sobre el derecho a la privacidad y sus límites. Ante la fuerte presión de la opinión pública el presidente Néstor Kirchner, a pesar de tener la facultad para derogarlo, suspendió el decreto 1563/04 que la reglamentaba. Pero la ley seguía vigente.

Fue recién en junio de ese año que la justicia respondió las presentaciones hechas por Cabase, la Cámara que agrupa a los prestadores de internet, y un particular, Ernesto Halabi, dictando la inconstitucionalidad de la norma. El Estado apeló e insistió con la necesidad de que la Ley entre en vigencia y mantuvo su posición hasta que, hace unas semanas, los camaristas ratificaron la inconstitucionalidad de la ley.

En diálogo con Acción el abogado de Cabase, Ariel Caplan, reveló: "Hasta último momento los apoderados del gobierno insistieron con que la ley era constitucional. Incluso llegaron a preguntar que tenía de inconstitucional conocer los hábitos de lectura de los argentinos"

Cabase jugó un rol central para frenar esta ley. Sucede que en el texto se exigía a las empresas de internet que adquirieran la tecnología necesaria y suficiente para almacenar un volumen de información tan importante como el que producen diez años de grabaciones generalizadas a la población. Esta información debía estar disponible para el momento en que la Justicia, o la SIDE, la requiriera. Uno de los problemas más grandes a los que se enfrentaban los prestadores de internet era que cumplir con esta ley les implicaba una inversión de 50 mil dólares por año, suma que para muchas de estas empresas era imposible.

En el fallo se expresa textualmente: "Aquí se pretende que el objetivo de la Ley 25.873 y su decreto reglamentario es combatir el flagelo de la delincuencia, pero lo cierto es que ello no puede ser efectuado a costa de convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones pueden ser captadas para su eventual observación remota"

Con este fallo la privacidad de los argentinos parece estar garantizada. ¿Será cierto? Así parece por lo menos por un tiempo ya que al Estado todavía le queda un último recurso: apelar a la Corte Suprema.

"Ahora la pelota está en el campo del Estado y puede decidir si recurre o no este fallo – agrega Caplan - El Ejecutivo tiene la oportunidad de demostrar su coherencia: así como el presidente en su momento criticó duramente los términos de la ley y el decreto y ordenó su suspensión, ahora tiene la oportunidad de demostrar que efectivamente no la defiende. De todas maneras si uno estudia la posición de los actuales ministros de la Corte, expresada en sus propias publicaciones, es difícil suponer que, apelación mediante, vayan a ratificar una ley de estas características".

Efectivamente los primeros indicios sugieren que el camino a seguir por el kirchnerismo no sería el de la apelación, al parecer se inclinarían por una nueva ley. También "espía", pero un poco más "suave".

En el norte también se consigue

Como siempre ocurre en estos casos, la Argentina no es quien posee el copyright de la "Ley Espía". La medida forma parte de una serie de normas internacionales que postulan que la vigilancia social es la única forma de prevención frente a actos como el terrorismo o el crecimiento de la delincuencia, incluso a costa de la reducción de los derechos civiles y las libertades individuales.

Uno de los ejemplos más claros en este sentido es la llamada Ley Patriótica, sancionada en los Estados Unidos a solo 45 días del atentado a las Torres Gemelas. Esta ley habilita al FBI y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a grabar conversaciones telefónicas, correos electrónicos y servidores de Internet sin necesidad de intervención judicial.

Precisamente en estos días el presidente George W. Bush se encuentra en plena campaña para la renovación y actualización de la Ley Patriótica, que expira a fin de año, pilar fundamental de su cruzada contra el terrorismo. Sin embargo, renovar esta ley se le ha hecho cuesta arriba. Pasaron ya cuatro años desde que la norma entró en vigencia y, lejos de cosechar apoyos por el buen resultado, cada vez más sectores expresan su oposición. Más de 700 escritores y artistas -entre ellos Salman Rushdie y Michael Moore- llevan adelante una campaña de firmas contra la Ley Patriótica. Del mismo modo, un grupo de senadores demócratas y republicanos desafiaron al presidente Bush al exigir la protección de las libertades civiles en lugar del incremento de los controles. En la votación que tuvo lugar en el Senado los republicanos no pudieron alcanzar los 60 sufragios necesarios para pasar a la sanción de la ley.

Se trata de un duro revés para el presidente Bush y para la política de vigilancia interna que su administración impulsa.

En el viejo continente, en cambio, los vientos soplan en otro sentido. El Parlamento Europeo autorizó a sus países a almacenar información digital y telefónica de sus ciudadanos por un plazo de entre seis meses y dos años. Muy similar a la Ley Espía Argentina, la medida apunta a que las compañías telefónicas y proveedores de Internet graben todos los correos, llamadas telefónicas y otras comunicaciones electrónicas.

Si bien para que estas leyes entren en vigencia es imprescindible la aprobación de los gobiernos de los 25 países que integran la Unión Europea, se trata de una peligrosa tendencia mundial. Cualquiera es un enemigo hasta que se pruebe lo contrario.

¿Sabía usted que coimear (tanto pagando como recibiendo) es excarcelable?. Es decir que su condena no obliga a cumplir la misma con prisión, tanto si se trata de una birome como de millones de dólares, porque así lo dispone el Código Penal en su art. 256. El delito se llama jurídicamente “cohecho” como también “soborno” y los autores “pasivo” (el que recibe) y “activo” (el que paga).

Hasta hace unos años, el Código Penal no permitía las excarcelaciones del delito de coima y aplicaba condenas severas, pero nadie puede explicarnos porqué se modificó rebajando la pena máxima y así evitar la cárcel.

Un amigo empresario nos contaba meses atrás que denunció un pedido de coima de un funcionario, presentando como pruebas fotos, filmación, grabación y testigos del hecho, incluyendo la presencia testimonial de un escribano público. Días después se cruzó por la calle con el denunciado.

Lo grave es que los códigos solo se pueden reformar por ley sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el presidente de la república. Por supuesto, esto demuestra que hay muchos interesados en que las cosas sean como son. ¿O debemos pensar que los legisladores, los “padres de la patria” como nos enseñaron en la escuela primaria, con la reforma se han autoacordado un reaseguro para delinquir con impunidad?

Un gran delincuente de este tipo, raras veces son mencionados en los medios, sin foto, por supuesto, ni se los trata como reos, malvivientes o canallas. Ellos siguen siendo calificados de “empresarios”, “banqueros”, “industriales”, “ministros”, etc. etc. Otros disponen de temporarias cárceles VIP (a pesar de tener varias imputaciones), en sus propios domicilios o sanatorios, con salidas temporarias.

Esto nos recuerda a la tesis doctoral de un abogado amigo sobre “Martín Fierro y el Código Penal”, donde describe minuciosamente todas las chicanas para burlar la ley, lograr la excarcelación y esperar en libertad la “falta de méritos”, “el cambio de carátula” o la prescripción del caso. Incluso, mediante un abogado, el delincuente VIP puede extorsionar al juez a comprometerse de tomarle declaración y, surja lo que surja de ella, no dispondrá retenerlo detenido.

En aquella tesis leíamos una sorprende apreciación del autor: “El Código Civil (como todos hay que escribirlos con mayúsculas como si se trataran de parte de los Evangelios), sirve para garantizar la propiedad privada y no considerarlas como un bien social como lo determinaba la Constitución de 1949. El Código de Comercio esta hecho para facilitar la especulación y las quiebras fraudulentas. El Código de Minería (que merece una nota en especial en estos momentos) se reformó a principios del siglo pasado para que no hubiera explotación de la minería en nuestro país. Por último, el Código Penal es el instrumento para encarcelar a los pobres”.

Es de suponer que un ciudadano, al arribar a la presidencia de la nación, por bruto y deshonesto que haya sido en su carrera política, debe sentir un cierto pudor de, sabiéndose dentro de la historia, no ensuciar su imagen personal. Sin embargo sucedió, en la Argentina. El patriota Raúl Scalabrini Ortíz nos cuenta que en una asamblea de accionistas de los ferrocarriles “argentinos” cuando eran británicos, uno de los participantes objetó la elevada partida de gastos del balance llamada “fondo de reptiles”. Entonces el representante, o mejor dicho testaferro de la empresa en Buenos Aires, un señor Mauro Herliska, se vio obligado a dar una explicación más o menos así: los “fondos de reptiles” son los dineros que damos a personajes influyentes argentinos para conseguir ventajas”. Y agregaba: “Yo mismo he dado dinero a tres presidentes de ese país”. Y así consta en acta.

Otro interrogante en aquella asamblea era el porqué pagar indemnizaciones por accidentes en los pasos a nivel. La respuesta fue que esas erogaciones eran mínimas en comparación con las demandas que eludimos, otorgando chequeras de pasajes libres en nuestros trenes a un gran número de jueces y legisladores. Además agregó: “más oneroso nos saldría poner en cada paso a nivel barreras y guardianes de las mismas”.

Argentina aguantaba todo y los ferrocarriles ponían y sacaban presidentes, gobernadores, legisladores etc. El primer mandatario que no tuvo relación rentada con los FFCC, desde que estos existieron, fue Hipólito Yrigoyen. Y así terminó. El segundo, Juan Perón , también fue víctima del Imperio Británico, al que tanto puso en línea, pero no concluyó su segundo mandato cuando la flota inglesa, en la cercanía de nuestras costas, proveyó de municiones y combustible a los barcos rebeldes.

José Luís Torres popularizó la palabra “perduelis”, pero por falta de difusión es desconocida por muchos. La misma se hizo necesaria por la dificultad del Imperio para controlar a sus representantes a cargo de lejanas colonias, donde gobernaban, cobraban impuestos y de allí atendía los gastos de obras y administración, incluyendo una proporción de los ingresos como su sueldo, mandando el resto a Roma..

Entonces encontraron una formula sabia, para todo el Imperio, para castigar a los que robaban o eran cómplices de perjuicios al estado. Así fue dictada la Ley de los Perduelis. Consistía en exigir al candidato dar una lista firmada de familiares y amigos que se solidarizaban con su honradez y asumían recibir el mismo castigo en caso de cometer excesos el gobernante. Y las penas no eran menores, pues consistía en la condena a muerte y la expropiación de todos sus bienes.

La ventaja de esta ley era la eliminación de la corrupción en que suelen caer los gobernantes argentinos por presiones o engaños de parientes y amigos, que hacen de influyente. En cambio, los garantes cuidaban el proceder del garantido.

La ley de los perduelis es bueno recordarla, por lo menos hasta allí. Porque esa disposición legal, ante la gravedad que asignaba a ese delito, incluía otros castigos como el revolver periódicamente sus restos en su tumba, para no darle paz ni en la otra vida. Además, incluía la indignidad del apellido implicando muchos perjuicios y privilegios a los ciudadanos romanos..

*Los 9810 millones de dólares que se le pagarán al FMI son una cifra similar al préstamo que ese organismo le realizó a nuestro país en el 2001. Bajo el nombre de "Blindaje" los 10 mil millones de dólares posibilitaron la salida de 13 mil millones de dólares de capitales especulativos.

*La deuda con el FMI es una parte muy menor de la deuda total del gobierno argentino, al punto tal que después del pago Argentina continuará siendo uno de los países más endeudados, con un monto superior a los 100 mil millones de dólares.

*Acerca de los condicionamientos del FMI, es oportuno recordar que hace dos años finalizó el último acuerdo con el organismo, y por lo tanto no había un convenio que diera lugar a imposiciones.

*La cancelación de deudas responde a una política explícita del FMI, originada en la necesidad imperiosa de reducir su exposición crediticia, dado que el 80% de su deuda estaba concentrada en cinco países.

*Con lo que se ha pagado hasta ahora se podría haber resuelto el 40% del déficit habitacional de nuestro país, o duplicado la cantidad de es-tablecimientos de salud existentes. Los 9.810 millones de dólares destinados al FMI equivalen a diez años del plan jefes y jefas de hogar.

Declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2005

El Gobierno tomó la decisión de cancelar por adelantado la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por 9.810 millones de dólares, utilizando para ello el 35% de las Reservas Internacionales del Banco Central. El objetivo anunciado es ganar "grados de libertad para la decisión nacional", según expresó el primer mandatario en su discurso del jueves 15 de diciembre.

La medida tuvo un alto impacto mediático y generó diversas opiniones, según el punto de vista de cada sector social y político.
Dada la importancia del tema y su gravitación presente y futura en la vida de nuestro país, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, coherente con la defensa de los intereses nacionales, de las PyMEs y del conjunto de los sectores populares, hace llegar a sus cooperativas asociadas y la opinión pública su análisis sobre tal determinación.

La deuda que se pagará
La deuda que se pagará ha sido contraída en distintas oportunidades, como una forma de sustentar el sistema de la convertibilidad.

El propio presidente Kirchner reconoció que "La deuda que cancelamos con el Fondo Monetario Internacional, similar a la suma que ese organismo prestó para sostener el régimen de convertibilidad, condenado al fracaso, ha resultado por lejos la más condicionante...".

Cabe recordar el préstamo del FMI realizado en el año 2001 bajo la denominación de "blindaje", cercano a los 10.000 millones de dólares. El mismo posibilitó la salida de capitales privados especulativos de nuestro país por más de 13.000 millones de dólares, éxodo que impactó negativamente en la estabilidad del sistema financiero y la economía en general.

Esta actitud de prestar al filo del desenlace de fuertes crisis financieras como sucedió en Rusia y la Argentina, tiene una definición teórica precisa, conocida como "Riesgo Moral" puesto que beneficia a los acreedores especulativos privados, quienes perciben altas tasas por el riesgo de devaluación y con la llegada de capitales del FMI pueden huir obteniendo ganancias espectaculares en dólares, generando una fuerte crisis financiera y de pagos.

Frente a este comportamiento nefasto del Fondo Monetario Internacional, el IMFC considera la corresponsabilidad de los organismos financieros internacionales en la crisis argentina, cuestión que también ha sido reconocida por el presidente Kirchner y el ex ministro Lavagna. Sin embargo, la solución planteada desde el gobierno es diametralmente opuesta a la que proponemos. Mientras el Instituto Movilizador estableció en su "Propuesta para refundar la Nación"que el FMI no podía ser considerado un acreedor privilegiado y debía hacerse cargo de parte de los costos de la crisis mediante la aplicación de una quita al capital adeudado, el Poder Ejecutivo decide beneficiarlo pagando la totalidad de una deuda que sirvió para profundizar la peor crisis económica y social de la historia argentina.

La continuidad
La cancelación total ha sido presentada como un vuelco en las relaciones con el FMI y el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, los hechos demuestran que la decisión es parte de una política ya anunciada en varias oportunidades, conocida como "desendeudamiento", en virtud de la cual desde el 2002 se han realizado pagos a los organismos financieros internacionales (FMI, BID y Banco Mundial) por cerca de 15.000 millones de dólares, una cifra superior a la que se cancelará este fin de año con el Fondo Monetario Internacional.

Debe aclararse que la deuda con el FMI, cuya cancelación se realiza a costa de un fuerte sacrificio, es una parte muy menor de la deuda total del gobierno argentino, al punto tal que después del pago Argentina continuará siendo uno de los países más endeudados, con un monto superior a los 100.000 millones de dólares.

Acerca de los condicionamientos del FMI, es oportuno recordar que hace dos años finalizó el último acuerdo con el organismo, y por lo tanto no había un convenio que diera lugar a imposiciones. Además el FMI aceptó, bajo la presión de Estados Unidos, esperar hasta la finalización del Canje de Deuda con los acreedores privados para volver a insistir en la necesidad de un nuevo acuerdo.

En cuanto a la orientación de la política económica, el presidente Kirchner ha expresado en su discurso del 15 de diciembre último que "Sobre la base de la solvencia fiscal, la sustentabilidad externa, la flexibilidad cambiaría, una política monetaria prudente, predecible y transparente y una política financiera sólida y anticíclica, podemos dar este paso que contribuirá a su vez a reafirmar un ambiente económico previsible". Es decir, políticas que resultan muy similares a las exigidas por el FMI, las cuales se aparenta evitar con el pago que nos ocupa.

Un fuerte signo de continuidad en dichos lineamientos lo expresa la siguiente paradoja: mientras se anunciaba el desendeudamiento total, el Parlamento daba su primera aprobación al Presupuesto para el año 2006, el cual propone un fuerte superávit fiscal. Es decir, ingresos obtenidos por vía de los impuestos que no se destinarán al gasto social para resolver las necesidades urgentes y postergadas de los sectores sociales más desprotegidos.

Esta deuda social es aún acuciante: luego de haber logrado el mayor crecimiento del PIB de los últimos cien años, la población en situación de pobreza e indigencia se mantiene en los mismos niveles de fines de 2001 (38.5% y 13.6% respectivamente). Ello se debe en gran medida a que la distribución de los ingresos no se ha modificado desde el punto más crítico de la crisis del año 2002, pues el 20% más pobre de la población continúa recibiendo sólo el 4.4% de los ingresos totales, mien-tras que el 20% más rico mantiene una participación superior al 50%. Si bien se han creado puestos de trabajo, la mayoría de ellos es de mala calidad y han sido insuficientes para revertir la injusta distribución mencionada.

La lectura política
La cancelación de deudas responde a una política explícita del FMI, originada en la necesidad imperiosa de reducir su exposición crediticia, dado que el 80% de su deuda estaba concentrada en cinco países, entre los que se encuentran Turquía y también Argentina y Brasil, países que han anunciado la total cancelación, sumándose así a Rusia que ya ha concretado el "desendeudamiento".

Esta política surge también de la solicitud de los países del Grupo de los Siete (G7), en especial Estados Unidos, que no desean incrementar sus aportes al Fondo Monetario "con el esfuerzo de los carpinteros y plomeros estadounidenses", como lo expresara un funcionario del Tesoro norteamericano. Asimismo, fue el propio FMI quien recomendó utilizar las Reservas Internacionales de nuestro país para pagar deuda.

Queda claro, por lo tanto, que la política de desendeudamiento, más que una iniciativa propia de los países endeudados, surge como contrapartida de los intereses del FMI y sus socios más importantes, los países industrializados.

Las condiciones para un cambio
La independencia del país no se resuelve con pagarle al FMI, dado que el organismo internacional no es otra cosa que el representante de quienes detentan el verdadero poder político: los países industrializados y los grandes conglomerados empresarios que actúan en su territorio.

Una efectiva independencia parte de rechazar las presiones de estos países y los acuerdos de integración por ellos fomentados, los cuales tienden a incrementar en forma aguda la dependencia de los países periféricos, especialmente en temas como las inversiones extranjeras y las patentes.

Las condiciones actuales permiten imaginar un nuevo estilo de integración latinoamericana, que se ha vislumbrado en las cumbres de Mar del Plata, donde gracias al apoyo de la sociedad, como de los gobiernos del Mercosur ampliado, se ha podido poner un freno a las pretensiones de Estados Unidos para avanzar hacia el ALCA.

Esta política de desendeudamiento desplaza la atención de gastos sociales imprescindibles. En efecto, con lo que se ha pagado hasta ahora se podría haber resuelto el 40% del déficit habitacional de nuestro país, o duplicado la cantidad de es-tablecimientos de salud existentes. Los 9.810 millones de dólares destinados al FMI equivalen a diez años del plan jefes y jefas de hogar.

Un verdadero cambio de rumbo, tal como lo expresamos con sólidos fundamentos en la "Propuesta para refundar la Nación", puede lograrse mediante una política de distribución equitativa del ingreso y acciones de apoyo a la producción, que permitirán generar un crecimiento estable y armónico.

Consejo de Administración del IMFC